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Fagor Edesa certifica su defunción

Los 230 trabajadores de la factoría de Basauri aceptan por amplia mayoría el ERE de extinción para poder cobrar el subsidio de paro.

Mantendrán el encierro iniciado hace casi tres meses en el exterior de la fábrica.

La plantilla de Edesa cumple 100 días de encierro en defensa de sus empleos

La plantilla de Edesa, en una de las protestas en defensa de sus empleos.

La fábrica de Fagor Edesa en Basauri, una de las cinco plantas de la quebrada Fagor Electrodomésticos, ha certificado este mediodía su cierre. Sus 230 trabajadores han aceptado por amplia mayoría (176 votos a favor) el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción propuesto, después de que hace dos semanas se frustrase su segunda tentativa para mantener la fábrica.

La decisión estaba cantada, porque la aceptación del ERE de extinción permite a los empleados acceder al cobro de la prestación del desempleo y disponer así de ingresos mientras se espera a la recolocación en otras cooperativas del Grupo Mondragón. Los empleados mantienen, en cualquier caso, el encierro en el exterior de la factoría de Basauri, que se inició hace casi tres meses, tras conocerse que Fagor Electrodomésticos iba a entrar en situación de quiebra. Como el resto de cooperativas de Fagor Electrodomésticos, Fagor Edesa está ahora gestionada por los administradores concursales designados por el juez de lo mercantil de San Sebastián, Pedro José Malagón, encargado de tramitar el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos).

El Grupo Mondragón, como ya hizo en noviembre tras el anuncio de la Diputación de Bizkaia de que Fagor Edesa iba a ser la única factoría que se iba a salvar, acordó este mes rechazar  los planes de viabilidad de las dos factorías de Basauri (Edesa)  y Bergara (Geyser), que habían sido elaborados por los propios trabajadores. Dichos planes pasaban por la aportación de cerca de 20 millones de euros de instituciones y el Grupo Mondragón. En concreto, se pedían al Gobierno (5 millones) y las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa (tres y dos millones respectivamente a través de avales), que ya habían dado su visto bueno. El plan proyectaba entrar en beneficios en 2015 tras un déficit este año de poco más de 500.000 euros. La plantilla actual de 350 trabajadores quedaría reducida a cerca de 250. El negocio se centraría en la fabricación de termos, calentadores e interacumuladores, la producción que se hacía en las dos plantas.

Aunque el Grupo Mondragon, basándose en el estudio de una consultora externa, ha sostenido que estos planes tenían “dudas sobre la viabilidad sostenida en el tiempo a medio y largo plazo», los trabajadores han replicado que su proyecto presentaba «garantías suficientes de rentabilidad en los primeros años”.

El Estado desconfía del interés de Cevital por Fagor

La Abogacía del Estado se opone a la venta de las marcas por el posible perjuicio sobre la actividad y el empleo

Carlos Etxeberri – Miércoles, 12 de Marzo de 2014 – Actualizado a las 05:02h

Sede de Fagor Electrodomésticos en Arrasate.

Sede de Fagor Electrodomésticos en Arrasate. (J. Colmenero)

donostia – La ausencia de garantías de que, una vez que el grupo argelino Cevital adquiera las marcas con las que Fagor Electrodomésticos operaba en Francia abandone su interés por hacerse con las plantas de Arrasate y Eskoriatza y la creación de 300 empleos que ha prometido, es la razón por la que la Abogacía del Estado se ha opuesto a la autorización de la venta de las enseñas comerciales antes de proceder a su liquidación.

El temor a que con la venta de las marcas desaparece el único activo valioso que tiene Fagor Electrodomésticos, ya que sin ellas no se puede retomar la actividad productiva de las fabricas tanto en Francia como en Gipuzkoa, y con ello se favorecerían los intereses de las autoridades galas, se debe a que el oponente no tiene claro que la venta de las enseñas van a suponer la creación de puestos de trabajo en Euskadi.

«Cevital no ha hecho una oferta formal por los activos de Fagor en el perímetro de Euskadi, ni existe un documento firmado por las dos partes en las que el grupo argelino se compromete a adquirir las plantas y a generar los 300 puestos de trabajo que dice», manifestaron ayer a NOTICIAS DE GIPUZKOA fuentes próximas al proceso concursal de la cooperativa vasca.

Las mismas fuentes precisaron que «no hay ninguna garantía de que Cevital haga lo que dice que va a hacer en Arrasate y Eskoriatza porque a día de hoy la oferta es inexistente».

En este sentido, recuerdan que Cevital ha elaborado un documento de intenciones sobre los activos de Fagor Electrodomésticos en Gipuzkoa vinculado de manera «indivisible» a la obtención de las marcas francesas y los contactos que responsables del grupo argelino han tenido con los gestores de la cooperativa vasca y los administradores concursales, así como con el Gobierno Vasco.

El escrito de oposición que la Abogacía del Estado ha presentado contra la aceptación a trámite de la petición de autorización de la venta de las marcas francesas de Fagor por parte del juez de lo Mercantil Número 1 de Donostia, Pedro José Malagón, va a significar con toda seguridad una dilación en el proceso concursal que se está llevando en Francia, toda vez que está a la espera de que se acuerde la enajenación de las plantas de Orleans y Vendôme, así como el Servicio de Asistencia Técnica y el mantenimiento de 1.200 empleos por parte del grupo Cevital que ofrece 100 millones de euros y que es el único ofertante.

La operación tiene como «condición suspensiva» la tenencia de las marcas de Fagor en Francia que, a su vez, es «indivisible» a la adquisición de las plantas de Arrasate y Eskoriatza, en lo que se conceptúa como una oferta global.

Si Cevital no tiene las marcas De Dietrich, Brandt, Sauter, Vedette y Easycook, no solo decae la operación francés, sino las posibles pretensiones con respecto a los activos en Gipuzkoa.

Cevital ofrece 25 millones de euros por las marcas y 2,5 millones por los activos tanto tangibles como intangibles de Fagor en Euskadi.

El juez Malagón deberá ser muy preciso en su contestación a la Abogacía del Estado para evitar que el oponente, que representa los intereses de varias sociedades públicas con una deuda de 19,7 millones, pueda presentar un recurso que daría al traste con el procedimiento de la venta de las marcas antes de proceder a la liquidación del total de los activos.

A pesar de ello, fuentes conocedoras del proceso, afirman que «este va muy rápido, frente a lo que estamos acostumbrados» .

 

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